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Un golpe parlamentario y la vuelta reaccionaria de la religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción

Boff

Aunque signifique más presencia suya en Atrio de la normal columna semanal, no podemos menos que acoger el esfuerzo de Leonardo (y de su traductora) en enviarnos lo que escribe sobre lo que está pasando en su país. Es una paradigma de la nueva estrategia derechista que opta por el golpe blando, aun teniendo en el corazón el golpe duro de 1964, como expresó en su declaración de voto el diputado Bolasonaro dedicando el triunfo al coronel torturador de Dilma, Brilhante Ustra . Ver varios vídeos en CLARIN.

Observando el comportamiento de los parlamentarios en los tres días en los que discutieron la admisibilidad del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff nos parecía ver niños divirtiéndose en un jardín de infancia. Griteríos por todos los rincones. Coros recitando sus mantras contra o a favor del impeachment. Algunos adornados con los símbolos de sus causas. Personas vestidas con la bandera nacional como si estuvieran en un día de carnaval. Placas con sus slogans repetitivos. En fin, un espectáculo indigno de personas decentes de las que se esperaría un mínimo de seriedad. Llegaron a hacer apuestas como si fuera el jogo do bicho o un partido de futbol.

Pero lo que más extrañó fue la figura del presidente de la Cámara que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Está acusado de muchos delitos y es reo por el Supremo Tribunal Federal: un gánster juzgando a una mujer decente a la cual nadie osó atribuir ningún crimen.

Tenemos que cuestionar la responsabilidad del Supremo Tribunal Federal por haber permitido ese acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente hasta el punto de escribir el New York Times del 15 de abril: “Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una pandilla de ladrones. ¿Qué interés secreto alimenta la Suprema Corte ante tan escandalosa omisión? Rechazamos la idea de que esté participando en una conspiración”.

En la declaración de voto ocurrió algo absolutamente desvariado. Se trataba de juzgar si la presidenta había cometido un delito de irresponsabilidad fiscal junto a otros manejos administrativos de las finanzas, base jurídica para un proceso político de impeachment que implica destituir a la presidenta de su cargo, conseguido por el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni siquiera se refirió a esa base jurídica, las famosas pedaladas fiscales etc. En vez atenerse jurídicamente al eventual delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada que corre por la sociedad a causa de la crisis económica, del desempleo y de la corrupción en Petrobrás. Esa insatisfacción puede ser un error político de la presidenta pero no configura un delito.

Como en un ritornello, la gran mayoría se concentró en la corrupción y en los efectos negativos de la crisis. Apostrofaron hipócritamente de corrupto al gobierno cuando sabemos que un gran número de diputados está imputado por delitos de corrupción. Buena parte del ellos fueron elegidos con dinero de la corrupción política, sustentada por las empresas. Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no representan los intereses colectivos sino los de las empresas que les financiaron las campañas.

Hay que anotar un hecho preocupante: surgió nuevamente como un espanto la vieja campaña que reforzó el golpe militar de 1964: las marchas de la religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción. Decenas de parlamentarios del grupo evangélico hicieron claramente discursos de tono religioso y del nombre de Dios. Y todos, sin excepción votaron por el impeachment. Pocas veces se ofendió tanto el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe usar el santo nombre de Dios en vano. Gran parte de los parlamentarios de forma pueril dedicaban su voto a la familia, a la esposa, a la abuela, a los hijos y a los nietos, citando sus nombres, en una espectacularización de la política de lesa banalidad. Por el contrario, los que estaban contra el impeachment argumentaban y mostraban un comportamiento decente.

Se hizo un juicio exclusivamente político sin base jurídica convincente, lo que hiere el precepto constitucional. Lo que ocurrió fue un golpe parlamentario inaceptable.

Los votos contra el impeachment no fueron suficientes. Todos salimos disminuidos como nación y avergonzados de los representantes del pueblo que, a decir verdad, no lo representan ni pretenden cambiar las reglas del juego político.

Ahora nos queda esperar la racionalidad del Senado que analizará la validez o no de los argumentos jurídicos, base para un juicio político acerca de un eventual delito de responsabilidad, negado por notables juristas del país.

Tal vez no hemos madurado todavía como pueblo para poder realizar una democracia digna de este nombre: la traducción para el campo de la politica de la soberanía popular.

*Leonardo Boff es columnista del JB online y escritor

Traducción de MJ Gavito Milano

 

2 comentarios

  • oscar varela

    Hola!

    Hoy la expresidenta argentina Cristina Fernández:

    * se refirio al juicio político a Dilma Rousseff en Brasil y sostuvo que:

    – “hay un modus operandi de estos tiempos para la región”.

    – “una embestida contra los gobiernos nacionales y populares”.

    – “estamos viviendo un retroceso”, tanto en el país como en la región, y

    – “Ya no tiene alzamientos militares, ahora son de carácter judicial y mediático”,

    – “Cuando estuve con Dilma la última vez, le advertí que le estaban sucediendo a ella los intentos destituyentes que sucedieron desde al año 2008”-

  • oscar varela

    Unasur sobre el avance hacia el impeachment contra Dilma Rousseff

    Brasil: pronunciamiento de Unasur sobre el avance hacia el impeachment contra Dilma Rousseff

    * La decisión adoptada sin que haya existido indicio o discusión de fondo durante el debate sobre supuestos delitos, constituye un motivo de seria preocupación para la región.

    * La elección democrática y mayoritaria de Dilma Rousseff como Presidenta Constitucional, no puede ser derogada en un juicio político por una mayoría parlamentaria a menos que exista una prueba que la vincule de manera directa y dolosa con la Comisión de un delito común, hecho que hasta el momento no ha sucedido.

    * Confiamos en que el Senado de la República actuando en conciencia como juez y después de evaluar la firmeza y pertinencia legal de las pruebas aportadas detenga este proceso que puede llegar a afectar seriamente la democracia regional y la seguridad jurídica hemisférica.

    Quito, 18 de abril de 2016

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