Fuera de sus columnas dominicales, Alberto Revuelta, nos invita a taparnos la nariz y recorrer los hipócritas caminos por los que la mierda de la guerra penetra hasta el corazón de nuestra economía patria más tradicional. Necesario recorrer la prosa jurídica de este document hsta el final.  El título de la entrada es nuestro. AD.

AL CONSEJO DE MINISTROS DEL REINO DE ESPAÑA

  Alberto J. Revuelta Lucerga, NIF 499780J, abogado, colegiado 1731 del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva y del Bureau Penal International, con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida del Olivar, 33, L5, CP 41940 Tomares (Sevilla), con respeto comparezcan y E X P O N G O:

Los hechos

1. 1. 1. 1. 1. El ministerio de Defensa publicó en la Plataforma de Contratación Pública el 27 de marzo de 2024 la adjudicación de un contrato a la compañía israelí RAFAEL AVCANCE SYSTEMS, por importe de 204.417.102 millones de euros para la compra de designadores Litening V a fin de instalarlos en 45 caza eurofighter recién adquiridos dentro de los programas Halcón I y Halcón II. La empresa israelí adjudicataria produce tecnologías militares para las Fuerzas de Defensa Israelíes.
         2. El sistema Litening V ofrece múltiples posibilidades de seguimiento y búsquedas por infrarrojos que están siendo empleados en la campaña de bombardeos israelitas en Gaza después de los ataques terroristas de Hamas, en las cuales han sido asesinados más de 30.000 gazatíes, de los cuales unos 14.000 eran niños.
         3. Según el portal de comercio exterior español COMEX, en noviembre de 2023, España vendió armas a Israel por valor de 1,48 millones de euros, unos 35.571 kilos de categoría 93, convirtiéndose en el país europeo que más armas exportó a Israel, un 52% del total exportado por los países de la UE.
         4. El Gobierno no suspendió esas exportaciones tal como le obliga el cumplimiento del Reglamento de control de material de Defensa. Se enviaron desde una empresa de Palencia armas de la subcategoría 9306 “bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos”
         5. Las armas y demás material se enviaron por la compañía NAMMO Palencia, una de las mayores industrias de munición especial y motores de cohetes del mundo, perteneciente un 50% al gobierno noruego y un 50% a la empresa pública finlandesa Patria OIJ. NAMMO compró la antigua Fábrica de Armas de Palencia (luego Santa Barbara) que venia funcionando desde hacia 80 años e la ciudad. La filial USA de NAMMO es conocida como NAMMO Talley.
         6. Por contrato firmado en noviembre de 2023, España compró a Israel misiles SPIKE LR2 por importe de 287,5 millones de euros, e importó armamento de la categoría 93, por importe de 4,35 millones de euros con destinos a los Ejércitos, al CNI, CNP, GC y las policías autonómicas.
         7. El ministerio de Defensa ha firmado con destino al ET, el 29 de enero de 2024, un contrato por importe de 4,5 millones de euros con la compañía insrelí ELBIT SYSTEMS para adquirir y mantener repuestos similares a los sistemas de radio enlace del ejercito israelí, el cual los promociona haciendo constar que los prueba en combates reales, de guerras reales, como en el caso del Mortero IRON STING.
         8. El mismo ministerio de Defensa y con destino a ampliar los almacenes del ET ha firmado un programa por importe de 700 millones de euros para la adquisición de lanzacohetes PULS (Precise & Universal Launching Systems), de la compañía israelí ELBIT SYSTEMS en un consorcio con las empresas españolas Escribano Mechanical & Engineering y Rheinnetall Expal Munitions, que colaboran en un proyectos de lanzacohetes basado en PULS y que en España es designado SILAM (Sistema lanzador de Alta Movilidad). El Euro-PULS, en colaboración con KMW (próxima generación artillería europea de cohetes de largo alcance), Dinamarca desea adquirir 8 sistemas PLUS, Holanda 20 sistemas para este año y Tailandia quiere desarrollar su propia versión denominada D-11A.
         9. Como se verá en el petitum de este escrito, importa reseñar que del catálogo de la industria española de defensa: EXPAL -antigua Explosivos Alaveses – ha sido adquirida por la alemana RHEINMTAL; SANTA BÁRBARA SISTEMAS, es propiedad estadounidense perteneciendo conglomerado GENERAL DYNAMICS; FMG (Fábrica de Municiones de Granada) ha sido adquirida por la eslovena MSM; PAP TECNOS es una filial de la compañía israelí RAFAEL, que como es sabido fabrica misiles SPIKE utilizados por el ejercito regular de Israel en Gaza y que surte como proveedor al Ejército de Tierra y a la Armada españoles; NAMMO PALENCIA fabricaba ya en 20014 el lanzacohetes HOMSEC y la filiar NAMMO TALLEY (USA) ha vuelto a enviar a Israel en octubre de 2023, 1.800 lanzacohetes del tipo Mi4 ( y como ya he escrito arriba NAMMO PALENCIA  y NAMMO TALLEY son dos filiales de la misma empresa noruega presente en Palencia.
         10. Sometido el Gobierno de España a la Ley 53/2007, ha denegado en los últimos 21 años exportaciones a Israel en CINCO OCASIONES (5) y ha autorizado en ese mismo tiempo QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE (557) operaciones de exportación a Israel. Hago notar que a lo largo de esos 21 años la ley española exigía al gobierno de turno comprobar que esas armas iban a ser utilizadas dentro del marco del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Basta haber seguido las noticias publicas y publicadas sobre las acciones militares israelíes en los territorios ocupados de la Franja y de Cisjordania durante ese periodo para poder tener razonablemente serias dudas sobre tales comprobaciones exigidas por nuestra legislación interior.
         11. Las autorizaciones efectuadas por el actual Gobierno, a cuyo Consejo de ministros, tengo el honor de dirigirme, durante el segundo semestre de 2023 no podrán conocerse con precisión hasta dentro de unos cuentos meses.

          

         La legislación aplicable

         12. Constitución española. Artículo 96 CE que dice: “Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España formaran parte del ordenamiento interno”.

          

         13. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (en adelante Convención de 1948) de 9 de diciembre de 1948. La Convención de 1948 fue ratificada por España el 13 de septiembre de 1968

          

         14. Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos, de derecho internacional humanitario (en adelante Convenios de Ginebra y Protocolos). El artículo 1 que es común a los Convenios de Ginebra y el párrafo 1 del artículo 1del Primer Protocolo Adicional, contiene una obligación vinculante para las partes firmantes del Tratado. La obligación exige “garantizar el respeto” de los Convenios de Ginebra de 1949 y los derechos humanos conforme a la

         Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La obligación de garantizar el respeto a los Convenio y Protocolos afecta a las partes contratantes y a España, en cuanto han de hacer los posible y exigible para que otro estado parte actúe de conformidad con los principios internacionales de derecho humanitario tal como lo confirma la Corte Internacional de Justicia. (Confer párrafo 3.12 de la sentencia de 12/02/2024 del Tribunal de Apelación de la Haya, causa judicial C/09/657026 KG ZA 23-991).

          

         15. Convenio relativo a la Protección de Personas Civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 y el Convenio adicional al Protocolo de 1977.

          

         16. Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) aprobado el 02/04/2013, suscrito por España y otros 63 países a partir del 03/06/213 y lo ratificó al año siguiente. El TCA entró en vigor el 24/12/2014, de tal manera que a finales de 2021 lo habían ratificado 110 Estados Parte. La regla de oro del TCA se enuncia así NO AUTORIZAR ARMAS PARA COMETER ATROCIDADES. Expresa un principio vinculante del derecho internacional que prohíbe transferir armas convencionales si el Estado que las va a autorizar “tiene conocimiento” de que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ha de asegurarse, ese Estado, de que no van a ser utilizadas para cometer violaciones graves de derecho internacional humanitario o del derecho internacional de los derechos humanos.

          

         17. Orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 26 de enero de 2024, por la que Israel debería adoptar todas las medidas a su alcance para evitar que se comentan los hechos previstos en el articulo 9 de la Convención de 1948). Al no contar la CIJ con ningún instrumento que obligue a aplicar este tipo de sanciones, “tendrían que ser otros Estados los que presionaran a Israel y le obliguen a cumplir con las decisiones del Tribunal”. España reconoció sin necesidad de convenio específico la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de dichas Corte. (BOE núm. 275, de 16 de noviembre de 1990).
         18. Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros acuerdos internacionales, BOE 288, de 28/11/2014, artículo 2.a) que define lo que sea un Tratado y el artículo 4.1.c) que el Ministerio de Asuntos Exteriores “Hará el seguimiento de la actividad convencional, informará de ella a los órganos colegiados del Gobierno y formulará ante estos las propuestas de decisión que procedan”.

          

          

         19. Ley 53/2007, de 28 de diciembre sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, BOE 312 de 29/11/2007 que prevé la denegación o la revocación de autorizaciones de exportación de armas cuando existan indicios racionales de que las armas puedan emplearse en acciones llevadas a cabo en situaciones de violación de los derechos humanos. El Real Decreto 494/2020 que modifica el Reglamento de la Ley 53/2007 adopta, entre otras medidas, un Protocolo de Verificación y un nuevo Certificado de Último Destino.

          

          

         Doctrina jurisprudencial de la CIJ

          

         20. La CIJ tiene declarado que Palestina es un territorio ocupado y que el pueblo palestino tiene derecho a la libre determinación e igualmente que todos los Estados parte tienen la obligación de no prestar ayuda o asistencia (a Israel, aclaro) para mantener esa situación. Confer

         “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”. Informe de la CIJ 2004, págs. 182 y 183, paragrafo 118 y pág. 200, paragrafo 159.

          

         21. En su Sentencia de 26 de febrero de 2007, 2007, pág. 222, paragrafo 43, la Corte Internacional de Justicia declaró que “Los Estados tienen una obligación negativa, la de no cometer actos prohibidos, mientras que el deber de prevención impone a los Estados la obligación positiva de hacer todo lo posible para garantizar que tales actos no ocurran”.

          

         Fondo del asunto

          

         22. En tanto que Alta Parte firmante de los Convenio de 1948 España tiene la obligación de garantizar el respeto del derecho humanitario de conformidad con el artículo 1, común, de los cuatro Convenios de Ginebra y ha de hacer cuanto este a su alcance para poner fin a tales violaciones desalmadas. Es idéntica obligación a la derivada de su condición de firmante de la Convención contra Genocidio, de actuar contra su perpetración en el momento en que, como Estado parte, tiene conocimiento de que exista un riesgo grave de que se comentan actos genocidas. (Confer CIJ, caso Bosnia y Herzegovina versus Serbia y Montenegro, Juicio e informes CIJ 2007, pág. 222, párrafo 431).
             23. España tiene la obligación ex lege de actuar con la debida diligencia, en cuanto Alta Parte, absteniéndose de transferir a Israel cualesquiera clases de armas, municiones, o sus partes, que puedan utilizarse contra la población gazatí, tal como de hecho ocurre y es sobradamente conocido por este Gobierno al que respetuosamente me dirijo. No debe dar amparo o acogida en sus puertos o nodos de enlace a aeronaves o buques con tales cargas a bordo y con destino a Israel o afines. Ha de hacerse saber a estibadores, inspectores, fuerzas del orden, y otro personal relacionado con tales lugares las responsabilidades penales personales en las que, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia que la aplica, pueden incurrir al no denunciar el acceso a los puertos y aeropuertos de tales aviones o buques en los que pueda existir noticia fundada o sospecha cierta de que se transporten armas con tales destinos.

              

             Por lo expuesto,

              

             PIDO AL CONSEJO DE MINISTROS

              

             Primero: Que ordene el EMBARGO de armas, municiones, partes de las mismas, tecnología y componentes, dirigidas a empresas y grupos de empresas y dependencias de las Fuerzas Armadas o del Estado de Israel, en tanto duren las acciones militares de guerra contra la población civil de la Franja de Gaza, en cumplimiento de la Orden de 26 de enero de 2024ª de la CIJ. Embargo que es una decisión formal y formalizada, argumentadla racional, jurídica y políticamente, con una duración conocida y condicionada a evitar genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad, así, con como violaciones de los derechos humanos de la población civil, con un posicionamiento público del Gobierno del Reino de España en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Tratados internacionales suscritos en su día.

              

             Segundo: Que ponga fin al comercio de material armamentístico con empresas estatales o privadas israelíes de adquisición de tal material para las Fuerzas Armadas españolas.

              

             Tercero: Que ponga fin de inmediato a cualquier clase de asistencia al Estado de Israel, en tanto continúen las masacres y asesinatos de la población civil palestina.

              

             Cuarto: Que actúe con la diligencia debida de colaboración con la CIJ y la Corte Penal Internacional para presentar ante la justicia internacional a los perpetradores de las atrocidades que los ciudadanos españoles estamos con templando desde octubre de 2023.

              

             En Tomares, para Madrid, a 22 de abril de 2024