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La cagaste, Burt Lancaster

      El Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acaba de decidir por 15 votos contra 13 que seamos los ciudadanos que les pagamos su sabrosa nómina y coches y escoltas y otras minucias, quienes paguemos el impuesto de actos jurídicos documentados derivados del contrato de hipotecas con la Banca. En mi lejanisima adolescencia se puso de moda cuando uno metía el cuezo que los compañeros o el jefe, si era legal, le espetaran “la cagaste, burlancaster”. Hoy se lo diríamos, en castizo adamascado, al señor presidente del Tribunal Supremo y al señor presidente de la Sala Tercera del mismo Tribunal.

      “El hombre sabio no vomita contra el viento” reza un proverbio árabe. Los presidentes de la Sala Tercera y del Tribunal Supremo acaban de vomitar contra el viento. Se han enfrentado en el seno de la estructura del mismo Tribunal contra una de las secciones que ha dictado una sentencia favorable a los ciudadanos aherrojados por la letra pequeña de los contratos bancarios cuando se gestiona una hipoteca. Por, según ellos, provocar un bamboleo sistémico en la banca. Los ciudadanos perplejos y asombrados han reconocido que la Banca está detrás de esas incomprensibles decisiones de los dos presidentes. No son sabios. Han vomitado contra el viento. Pero el viento les está obligando a hacer un quiebro para salvar la cara.

      ¿Como es posible que un Poder Judicial mudo y vomitivo ante la pérdida de 60.600 millones euros que es lo que les ha costado a los españoles salvar a los bancos en la crisis de 2011 y que no han sido recuperados, se alarme ahora a través del presidente de su Sala Tercera de que la devolución de un impuesto indebidamente cobrado por esa misma banca y que es de los ciudadanos vaya a repercutir en una crisis sistémica y por ello haya de revisarse su jurisprudencia?. Cuando es público que este caballero ha dado los años 2015 a 2017 clase a los alumnos de un máster organizado por la Fundación de la Asociación de la Banca. ¡Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios!

      El enfrentamiento entre magistrados que, con la poderosísima banca española en bambalinas, protagoniza estos días el Tribunal Supremo con su presidente, el magistrado señor Lesmes al frente, muestra hasta qué punto los devaneos políticos y funcionariales de los jueces y fiscales a partir de la muerte del general Franco para alzarse con poder bastante y control del mismo, han arrastrado al lodo de estos últimos cuatro días al órgano supremo de la organización judicial española. No nos engañemos: está jugándose el control externo de los fallos de las salas de justicia en función de los intereses del poder económico imperante. Ahora en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en la sombra desde hace meses, en la jurisdicción penal, el control político de una determinada concepción del Estado y del ejercicio del poder por parte de los jueces. Estamos en peligro. No es para reír.

      En el primer gobierno socialista en Andalucía me ocupé de poner en funcionamiento las estructuras autonómicas de la gestión de las competencias en materia de Administración de Justicia. Como director general gestioné transferencias de competencias, su financiación y el traspaso de funcionarios. En ese marco celebramos por iniciativa de la Consejería de Gobernación un seminario de varios días con jueces y magistrados de los territorios de las dos Audiencias territoriales de Andalucía con sede en Granada y Sevilla, a la sazón. La ponencia que me reservaron trataba de delincuencia económica. Al terminar pidió la palabra uno de los dos presidentes territoriales para preguntarme directa y francamente si mi opinión de la ética funcionarial de los miembros de la carrera judicial era positiva, pues había intuido que tras mi educada redacción de la ponencia había una crítica de fondo a la magistratura.

      Expuse que, en mi opinión, un cuerpo de funcionarios que habían estudiado derecho natural, que se declaraban cristianos y muchos lo eran, y habían aplicado normas contrarias al derecho de gentes y a la doctrina social de la Iglesia católica y no habían tenido empacho en ocupar cargos en el Tribunal de Orden Público y similares, no podían pedir que las personas pensantes pudieran creer en el ejercicio colectivo de esa ética funcionarial que se pretendía en la pregunta.

      Dirigiéndose al magistrado que presidía la sesión de la tarde, en pie, le dijo: “Señor presidente, pido que se dé traslado al Ministerio Fiscal de las palabras que ha dicho el señor director general contestando a mi pregunta, por si fueran constitutivas de delito”. Omito relatar el himeneo que formaron los propios jueces asistentes con posiciones encontradas. Cuando se calmaron unos y otros, el magistrado que presidía, de tanta bondad y sabiduría pragmática como sobrepeso, me invitó a cerrar el acto. Me permití recordar que el poder civil había recuperado su ejercicio, que la dictadura había fenecido y que ellos en ese lugar donde hablábamos, estaban como funcionarios del Estado y solo en esa condición, porque el poder judicial era ejercido exclusivamente cuando en conciencia y soledad dictaban una sentencia tras un procedimiento reglado y legítimo.

      Los gobiernos de UCD, PSOE y PP, por igual han diseñado con escasa visión del futuro, de la realidad y de la historia una política para la Administración de Justicia que escatimó recursos financieros y humanos, mantuvo una planta judicial obsoleta y confirmó un sistema de acceso a la judicatura y a la fiscalía basado en el aprendizaje de temas memorizados. Los largos años de preparación a cargo de magistrados y jueces que completaban sus sueldos con el cobro de oír cantar a los opositores, ya demuestran que sólo quienes tenían familias que pudieran prescindir de su trabajo y hacer frente a años improductivos y costosos de sostener, podían llegar a obtener una plaza de juez inamovible. No voy ahora a recordar el infantilismo colegial que tal aislamiento social conlleva. Basta ejercer en los juzgados y tribunales para certificarlo, a veces dolorosamente.

      Cuesta creer, como acaba de ocurrir en un juzgado de violencia contra la mujer, que un juez en una sala de Justicia y revestido aún con los atributos rituales de su función, y en presencia de funcionarios que forman parte de la misma, pueda injuriar y despreciar a una justiciable, una ciudadana poseedora de parte de la soberanía nacional que ha delegado en ese juez uno de los pilares de esa soberanía. Tal juez, más allá de responsabilidades disciplinarias que le sean exigibles, es indigno de juzgar a ningún ciudadano. Los desprecia. Quienes actuamos a diario en los tribunales padecemos con no poca frecuencia la soberbia de algunas personas que ganaron una oposición memorística y se han asentado como señores (y señoras) de horca y cuchillo en estrados, en estado de enfado permanente, de prepotencia grosera ejercida y de mala educación fehaciente. Eso es lo que refleja el juez que se ha apartado de la causa. Es cierto que mastuerzos hay en todo el universo mundo, y proliferan por doquier, pero el estilo prepotente, petulante, soberbio, consciente de su intocabilidad deviene en no poca parte del sistema de cooptación de los miembros de la carrera judicial.

      Pues bien, los responsables gubernativos de los partidos que han estructurado el Estado y, por tanto, su Administración de Justicia, tras la muerte del general Franco, UCD, PSOE y PP, han diseñado un sistema perverso de designación de cargos judiciales y vocales del órgano de gobierno de los jueces que se vuelve contra todos a causa de la estulticia y falta de valor de la clase política española. No voy a descubrir un palimsesto al recordar que los vocales del Consejo general del Poder Judicial devienen de la adscripción que mantengan oculta o públicamente a los partidos políticos con poder de control del Congreso y son designados por ellos. Y luego ellos escogen con criterios nunca transparentes del todo a los magistrados del Supremo y a los presidentes de audiencias y tribunales superiores.

      A considerar además: magistrados dedicados a hacer política tenemos a la ministra de Defensa, al ministro del Interior, a la ministra de Justicia. Don Zoido, magistrado, ha sido alcalde de Sevilla y luego ministro del Interior y guardia de la porra en Barcelona mandando arrear estopa a ciudadanos que querían votar. El anterior director general de la Guardia Civil es magistrado en Sevilla. Estas damas y caballeros inamovibles que fueron, han aprendido a moverse y a removerse entrando y saliendo del poder ejecutivo al judicial y viceversa con un notable afán de servir al Estado que algunos descerebrados políticos no alcanzamos a valorar. El propio presidente actual del Tribunal Supremo fue director general en gobiernos del presidente Aznar, en 1996 y luego en 2005, nada menos que encargado de las relaciones con la Administración de Justicia. Quiere decirse que tanto la izquierda como la derecha estiman que controlar y utilizar personas del Poder Judicial les es conveniente y rentable. Mientras escribo, y en Brasil, el juez federal Sergio Moro, que condenó a Lula en el caso Lava Jato, ha anunciado este jueves que acepta la oferta del electo presidente de extrema derecha, para ser el ministro de Justicia de su futuro Gobierno. Repito: estamos en peligro, no es para reír. Actuemos.

12 comentarios

  • ROMAN DIAZ AYALA

    Por supuesto que todo es política.
    Y por eso, tenemos que hablar en términos de madurez democrática en la sociedad civil. Toda ella, y no una élite profesional.
    Y como la política es el ejercicio del poder, Montequies nos descubrió aquello de los tres poderes para hacer efectivo el ejercicio democrático, o sea, la administración del poder en las manos del pueblo.

  • Honorio Cadarso

    Lo del Supremo y las hipotecas ha puesto en evidencia la falsedad de la tan caca-reada Transición democrática. Justicia, estructuras políticas, desde gobiernos hasta partidos, y capital actúan como un solo hombre para bloquear cualquier avance de la democracia. A su manera, Podemos se hace eco de aquel 15-M que lo denunció. Y la Iglesia española con el Vaticano respaldándola se acomodan e intentan salvar los muebles, aunque saben que están perdiendo fieles, pero se esfuerzan en conservar sus bienes materiales y sus exenciones fiscales…

    Franco no ha muerto, tampoco había muerto el Cid, que ganaba batallas con su cadáver sobre su caballo.

    Construyamos una nueva Transición, o si prefieren ustedes, dinamitemos desde dentro de las estructuras que dominan el panorama (Iglesia, Estado, Banca…) el poder de los que no quieren que nada cambie.

    Me gusta el artículo de Bonaventura dos Santos. Aunque lo encuentro como demasiado teórico y grandilocuente…

  • Juan García Caselles

    Dicen que decía Stalin que cuando en Rusia crece un árbol, eso es política y cuando deja de crecer, también es política. Es que todo lo relacionado con el poder, todito todo, es político y pedir que algún sitio, como el poder judicial, deje de ser político es pedir peras al olmo. Precisamente el poder judiciales es el punto en que la ideología y la política se hacen realidad al convertirse en fuerza, en la cara brutal y sin disfraz del poder. Así que eso tan manido de la judicialización de la política es pura redundancia y no tiene más valor que permitir a los tertulianos proclamar infinidad de sandeces.

    Puesto que el poder judicial es poder y es político inevitablemente, lo único que procede es limitarlo y controlarlo democráticamente, empezando por devolver el poder al pueblo para que sea el pueblo el que elija, tanto a los jueces, como, sobre todo, a su órgano de gobierno. Y que nadie me pregunte cómo se hace eso, porque no lo sé, pero si sé que en los llamados países democráticos, sigue sin resolverse del todo, aunque cosa tan irracional como lo de la justicia española es difícil de encontrar entre los países de nuestro entorno, que se dice.

    A ver si todo el rollo del impuesto sobre actos jurídicos documentados de la hipotecas (aparte de demagogias sin fin, sobre todo de la izquierda porque el capitalismo es lo que es y ninguno se atreve con él) sirve para hincarle el diente a una judicatura que pasó la transición sin romperse ni mancharse y sin hacerse responsables de la represión franquista, a la que la inmensa mayoría de sus miembros había servido con devoción.

    Por lo demás, enhorabuena a Alberto por airear el merdé y los enjuagues internos de los sacratísimos magistrados, tan inocentes ellos.

  • Javier Pelaez

    Este país,como buen país latino,es un país en que rige el “do ut des” y,por ejemplo,ya algunos han hablado de las dificultades por las que pasó el nombramiento de Llarena como magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo.Se excluyeron de entrada 8 de los 13 candidatos y el recurso de Jueces para la Democracia fue inadmitido por el comodín de la falta de legitimación de la asociación para recurrir.Luego llega un asunto en que el gobierno está interesado o el Fiscal General del Estado está interesado y ya se sabe.O por poner un ejemplo ¿no creéis que lo que le ha costado colocar a Kavanaugh en el Supremo no se lo va a cobrar en algún momento bien porque el Kavanaugh es un facha por sí mismo o porque para eso le puso Trump?.En fin,el nombramiento influye claro y la incapacidad de los políticos de aceptar que determinadas esferas(la Universidad,la justicia…) deben ser esferas ajenas a la acción política por el bien de la democracia,de la separación de poderes…

  • Asun Poudereux

    Excelente aporte el de Alberto R., a quien  agradezco mucho esta transparencia y valentía.

    Anima a que actuemos. Actuemos, es su último empeño. No lo pasemos por alto. Cada cuál es ya maduro para saber qué hacer en su terreno.

    Por mi parte, ya conocéis hacia a dónde indico como camino y propuesta para desmantelar a esta mal llamada democracia, que deja mucho más que desear en sus malas continuas prácticas.

    Y más que un grano de arena, parece sea un pequeño guijarro,  que a esta partidocracia molesta e ignora: un cambio estructural del sistema democrático, representándonos personas que se deben prioritariamente y sin demora a sus votantes del distrito,  que ejercen también hacia su representante poder revocatorio, garantizándose a la vez la separación de los tres  poderes del Estado.

    Perdonad si os insisto en ello, pero personalmente me siento cómplice de lo establecido, si participo, tal y como es ahora.

    Gracias, Alberto.

     

  • Javier Pelaez

    Lo del presidente de la Sala de lo Contencioso es de vergüenza si luego además su voto es decisivo para la decisión final.Chocante que Lesmes se defienda diciendo que la Ley es confusa-que lo es-.De cuándo a esta parte a Lesmes le ha preocupado alguna ley o su redacción.De todas maneras hay que ser optimistas,el hecho de que unos magistrados mantuvieran la posición a que pague el banco,ha sacado el asunto a la luz pública( lo ha hecho visible como diría Faus en otra entrada) y el legislado que sólo le interesan los temas “visibles”(mediáticos) la ha resuelto de futuro para los clientes.Gran cantidad de los problemas que tenemos en la justicia es porque el legislador,legisla mal o no legisla.Por poner un ejemplo,una gran cantidad de los pleitos de la jurisdicción social son la indemnización de 20 días en los contratos temporales.Y por qué no legisla el legislador? Porque no hay mayorías y porque unos(Ciudadadanos)quieren dejar tosa las indemnizaciones en 20 días en lugar de 33 y otros no quieren abrir ese melón porque no tienen mayorías.Es cierto,que hay jueces prepotentes(yo voy 3 veces por semana a juicios),pero ese no es el único problema.Se habla de la jurisprudencia europea que nos genera infinidad de pleitos,pero conviene señalar que muchas de las restricciones que luego crítica el TJUE nos las impone la Comisión Europea como sus políticas restrictivas.Esto revela que hay independencia entre el poder ejecutivo/poder judicial europeo;pero tb revela que la gobernanta europea(el ejecutivo comunitario)es claramente neoliberal.En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tomado muy diversas medidas:legalidad de la ilegalización de Batasuna,ilegalidad de la doctrina Parot,legalidad del no cómputo de la cárcel padecida en Francia a los efectos de la pena en España.El TJUE dió validez al concierto vasco.Todas estas medidas las hubiera adoptado igual sí Euskadi hubiera sido independiente.En cuanto al sistema de elección de los altos magistrados no es tanto el sistema de elección( Parlamento o asociaciones),sino la acción política y la ética política.En un país que los políticos no dimiten salvo que lo diga la judicatura(confusión nefasta entre responsabilidad política y penal),es lógico que los partidos intentan controlar la judicatura.Finalmente,el carrerismo y la mediocridad de los que ocupan los puestos dirigentes no es una situación exclusiva de la judicatura,es un mal extendido en toda la Administración Pública.No existe carrera administrativa y nadie que se dedique en la Administración a trabajar y no a “relacionarse” tiene la más mínima posibilidad de prosperar.

  • Mª Pilar

    ¡Gracias de todo corazón!

    Es necesario, que las personas que conocen todos “esos” entresijos, nos comunique de que pie están cojeando nuestras estructuras primordiales, para el… que debería ser… el funcionamiento mejor de estas.

    Y… ¡No es así… tristemente!

    Los deseos  excesivos, de poder y  dinero, todo lo pudren y contaminan.

    ¡Gracias Alberto!

    Un abrazo entrañable.

    mª pilar

     

     

  • Vaya por delante mi agradecimiento a Alberto Revuelta.Uno se reconcilia con la Humanidad cuando surge una información tan valiosa y la pone al servicio del común.Gracias tantas.

    Estábamos esperando que un olmo diera peras. Eso no puede ser, y como decía “el Gallo”, es imposible. Todo podía ser sin embargo, una vez sabidas las circunstancia en que se gestó la “Sagrada Constitución.!!!, donde a la figura reinante se la coloca en una peana que se aleja tanto del pueblo que al final, el pueblo la encuentra cuasi divina. Vamos que, se diga lo que se diga es, que se invisibiliza y todo intento de visibilizarla es su desaparición. No hay otra.

  • Román Díaz Ayala

    La presente entrega de Alberto Revuelta tiene todo el mérito de un artículo periodístico de primera línea informativa, de ésos que iluminan aspectos de nuestra realidad social y política que no se perciben o que son sistemáticamente ocultados ante el debate público.

    A mi me sirve sobretodo por su valor historiográfico por mi atención hacia los momentos de la Transicion Política, cuando el recién investido rey, de motu propio y sin que mediase coacción, salvo un clamor social  en aquellos momentos, renunció a los amplios poderes personales heredados de la dictadura, se sometió a la voluntad popular en un Proyecto de Reforma Política pasando España a ser una monarquía constitucional en un régimen democrático. Los distintos estamentos del Estado (Iglesia, Ejércitos, Judicatura…) no respondieron a la demanda social y las necesidades de cambio de la misma manera.

     

  • Gonzalo Haya

    Gracias por mostrarnos los entresijos de la corrupción judicial. Todos hemos podido ver que la cúpula del Poder Judicial era designada según las cuotas correspondientes de los partidos políticos; ¿cómo vamos a extrañarnos de que sus decisiones reflejen posiciones políticas? Esto es muy serio porque afecta a uno de los pilares del Estado.

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