Hoy cedo todo el espacio de ATRIO a la terrible cuestión de Palestina, invadida y masacrada por el estado de Israel, a la que acaban de referirse Alberto y Javier, y de la que nos ha ido despertando la conciencia, desde hace muchos años, la activista uruguaya María Landi. Hoy le vuelvo a abrir la columna central e invito a todas y todos a leer y ver la información que nos  aporta y a comentarla. AD.

Estos días en Israel abundan los lamentos de los liberales por el ataque del nuevo gobierno contra el Poder Judicial y otras leyes y mecanismos que salvaguardan la democracia en el país, aunque esa democracia haya sido siempre sólo para la población judía.

Pero para quienes ya saben que la democracia israelí es una violenta mentira, y que ha sido una empresa de colonización mantenida mediante el apartheid y el régimen militar desde el principio, todavía hay mucho por lo que preocuparse. Más obviamente para la población palestina, para la cual  expulsarle de su patria y sustituirla por colonos judíos extranjeros ha sido siempre la máxima prioridad del Estado judío.

Al fin y al cabo, el anterior gobierno se disolvió para impedir que expirara una medida ‘temporal’ vigente desde 1967 que aplica el derecho civil israelí a los colonos judíos en Cisjordania.

Al convocar nuevas elecciones, esas normas de emergencia se prorrogaron automáticamente, preservando así el sistema de apartheid. Y en lo que fue la quinta elección en el espacio de tres años, en noviembre la ciudadanía israelí eligió el gobierno más abiertamente fascista y derechista hasta la fecha.

Según la ONG palestina Adalah, los acuerdos de coalición del nuevo gobierno israelí equivalen a una declaración de intención de cometer crímenes según el derecho internacional.

Los principios rectores del nuevo gobierno comienzan con la afirmación de que “el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e incuestionable sobre todas las zonas de la tierra de Israel.”

Adalah, que defiende los derechos de la población palestina dentro de Israel, afirma que la intención del gobierno es “profundizar la supremacía judía y la segregación racial como principios subyacentes del régimen israelí.”

El grupo pide la intervención urgente de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, así como la reconstitución del Comité Especial de la ONU contra el Apartheid.

En un nuevo documento de posición, Adalah expone cómo los principios rectores del gobierno israelí y los acuerdos de coalición niegan explícitamente el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Las iniciativas y políticas del gobierno se traducirán en más brutalidad contra el pueblo palestino, con aún menos supervisión judicial y ninguna pretensión de rendición de cuentas. Por ejemplo, una enmienda aprobada por el Parlamento israelí a finales de diciembre subordina la policía israelí al ministro de Seguridad Nacional.

Ese ministro resulta ser Itamar Ben-Gvir, discípulo del rabino genocida Meir Kahane y admirador de Baruch Goldstein, un colono nacido en Estados Unidos que masacró a 29 fieles palestinos cuando rezaban en la mezquita Abrahán de Hebrón en 1994.

El partido Poder Judío de Ben-Gvir entró en la coalición tras llegar a un acuerdo con el Likud, encabezado por Benjamin Netanyahu, que ha vuelto a ser primer ministro. El acuerdo establece la intención de Ben-Gvir de reestructurar el cuerpo de policía y revisar la normativa sobre fuego abierto. Es de esperar que esto provoque aún más muertes de personas palestinas a manos de la policía israelí, que de por sí ya aplica una política de gatillo fácil.

Ben-Gvir supervisará la milicia de reserva

Mientras tanto, Ben-Gvir tendrá el control total de la guardia nacional israelí, creada por el entonces primer ministro Naftali Bennett el año pasado para “institucionalizar la cooperación entre civiles judeoisraelíes armados y la policía”, como dice Adalah.

Bennett pidió la formalización de esta fuerza tras los mortíferos episodios de violencia estatal y turbas terroristas contra la población palestina de Israel durante el estallido de mayo de 2021, apodado la “intifada de la unidad”.

“Las autoridades israelíes concedieron una amplia inmunidad a los civiles judeoisraelíes por estos ataques, incluso −y de la forma más escandalosa− en el caso del asesinato de Moussa Hassouna”, según Adalah. Hassouna, ciudadano palestino de Israel, fue asesinado a tiros en Lydd en mayo de 2021.

Destacados políticos presionaron a la policía durante toda la investigación de la muerte de Hassouna para que los sospechosos de su asesinato quedaran en libertad. El entonces ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana, actual presidente del Parlamento israelí, pidió que los sospechosos del asesinato de Hassouna quedaran en libertad, afirmando que constituían un factor “multiplicador de fuerza de las autoridades para la neutralización inmediata de la amenaza y el peligro.”

La institucionalización de esta cooperación equivale a la creación de una milicia de reserva para ejercer la violencia contra los palestinos, como la que mató a Hassouna.

El hecho de que exista una fuerza de este tipo debería ser extremadamente preocupante. Que esté controlada por Ben-Gvir lo es aún más, dada su instigación de los ataques de mayo de 2021 y la violencia más reciente de las turbas de colonos contra la población palestina en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén y en Hebrón, donde vive Ben-Gvir.

Mientras tanto, el partido Sionista Religioso, dirigido por el ministro de Finanzas también de extrema derecha Bezalel Smotrich, ha acordado con el Likud que el Shin Bet −la tristemente célebre policía secreta israelí− forme una unidad especial para ayudar a la policía a combatir la “delincuencia motivada por el nacionalismo” entre la población palestina de Israel.

Adalah afirma que esta iniciativa forma parte de un “proyecto en curso particularmente insidioso (…) para utilizar el temor real de las comunidades palestinas (…) como pretexto para una actuación policial racializada.”

El grupo añade que la actividad encubierta del Shin Bet “recuerda al período de gobierno militar de 1948-1966, y supone un peligro más para los derechos básicos de la población palestina con ciudadanía israelí.”

Además, estas nuevas políticas policiales “equivalen a una expansión de los dos sistemas separados de aplicación de la ley y de control basados en la identidad racial” que operan según “la total discrecionalidad de líderes políticos abiertamente racistas.”

Codificando la impunidad

Mientras Ben-Gvir avanza una normativa más laxa en materia de fuego abierto, el gobierno ha dejado clara su intención de “codificar la política israelí de impunidad casi total de sus fuerzas armadas en los casos donde las víctimas sean palestinas”, en palabras de Adalah.

La expresión política palestina también está en el punto de mira del gobierno, con una propuesta para introducir legislación en un plazo de seis meses que prohibiría desplegar la bandera palestina en instituciones financiadas por el Estado, como las universidades.

Mientras tanto, el nuevo gobierno se ha comprometido a levantar la prohibición de presentarse al parlamento israelí a partidos y candidatos que inciten al racismo. También pretende descalificar a “una lista o un candidato (…) que niegue la existencia del Estado de Israel como Estado judío y democrático o apoye el terrorismo.”

Según Adalah, esto podría impedir participar en las elecciones a “una lista o un candidato que defienda valores democráticos como un Estado de igualdad para todos sus ciudadanos y ciudadanas”. “Si se aprueba, esta enmienda protegerá constitucionalmente las ideologías racistas y cercenará gravemente los puntos de vista democráticos.”

Los acuerdos de coalición también prevén sacar adelante una legislación que aplicaría la pena de muerte por “actos de terrorismo dirigidos a dañar al Estado de Israel como Estado del pueblo judío.”

El lenguaje del acuerdo, afirma Adalah, deja “explícitamente claro que la ley se aplicará racialmente y apuntará específicamente a las personas palestina, mientras que exime a las personas judeoisraelíes que cometan actos extremos y violentos de terrorismo contra la población palestina.”

La legisladora de Poder Judío Limor Son Har-Melech, correligionaria de Ben Gvir, ha ido aún más lejos al pedir la pena de muerte para cualquier palestino que mate a un judío, pero cadena perpetua para cualquier judío “que mate a un árabe”, una visión extrema del estatus separado y desigual que vive el pueblo palestino bajo el régimen de apartheid israelí.

El gobierno también ha aprobado por la vía rápida proyectos de ley que permitirían revocar la ciudadanía o la residencia israelíes a personas palestinas con condenas “terroristas» que reciban estipendios de la Autoridad Palestina.

“Es mejor cometer los peores crímenes cuando eres judío”, dijo Ahmad Tibi, miembro palestino del parlamento israelí, en oposición a la medida. Tibi señaló que no hubo iniciativas para despojar de su ciudadanía a Yigal Amir, el judío que asesinó al primer ministro israelí Isaac Rabin en 1995, ni a Ami Popper, quien mató a siete trabajadores palestinos en 1990.

“Prefiero a los asesinos judíos que a los asesinos árabes”, dijo el legislador del Likud Hanoch Milwidsky en respuesta a Tibi, quien a su vez dijo que el comentario de Milwidsky “resume esta legislatura”, antes de pedirle que lo repitiera en inglés. “Hemos terminado de disculparnos por ello”, dijo Milwidsky en inglés.

Judaización y apropiación de tierras

Una de las principales prioridades del gobierno, como queda claro en los acuerdos de coalición, es la judaización del desierto del Naqab (Negev) y de Galilea, en el sur y en el norte de Israel, respectivamente, donde la población palestina es muy numerosa.

El acuerdo de coalición del partido Poder Judío con el Likud centraliza el “poder de determinar las prácticas de ordenamiento territorial y urbanístico en Israel”, según Adalah, poniendo en manos de Ben-Gvir las políticas y autoridades de ordenamiento territorial, parques y ministerio de Medio Ambiente.

Una autoridad ampliada del recién rebautizado Ministerio para el Desarrollo del Negev, Galilea y la Resiliencia Nacional abarcará “zonas periféricas” como las colonias israelíes de la zona C de Cisjordania, lo que permitirá “al Estado canalizar aún más fondos” hacia ellas, en violación del derecho internacional.

Mientras tanto, el gobierno planea “conceder beneficios adicionales exclusivamente a las ciudades judías de Galilea; se trata de recursos estatales de los que están expresamente excluidas las ciudades palestinas.”

Para afianzar aún más “la hegemonía judía en el ámbito de la vivienda”, como afirma Adalah, el gobierno tiene previsto modificar una ley para legalizar la prohibición [actualmente de facto] de que personas palestinas residan en ciudades exclusivamente judías, eliminando así cualquier salvaguarda  contra la discriminación, algo que muchas comunidades judeoisraelíes llevan tiempo buscando.

Entretanto, la llamada “administración civil” de Cisjordania (COGAT, el brazo burocrático de la ocupación militar) está ahora bajo la supervisión directa de Smotrich, que fue fundador de Regavin, una organización de extrema derecha pro-colonización, la cual entre otras cosas ha protestado por el retraso en la destrucción de Khan al-Ahmar, una comunidad palestina en las afueras de Jerusalén. Regavim también ha presentado iniciativas legales para negar permisos de construcción a las poblaciones palestina y siria en Cisjordania, el Naqab y los Altos del Golán. Antes, Antes, los nombramientos para el COGAT los hacían los militares israelíes con la aprobación del ministro de Defensa. Ahora los hará Smotrich.

Así que ahora la población palestina de Cisjordania no solo vivirá bajo la dictadura militar israelí, sino también bajo la de sus colonos más fanáticos y de línea más dura. Como afirma Sarit Michaeli, del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, “esperen ver un aumento masivo de todo lo que tenga como objetivo hacer sufrir a la población palestina, incluyendo las demoliciones [de propiedades] y las confiscaciones de tierras.”

Formalizar la discriminación

El nuevo gobierno pretende formalizar una miríada de medidas por las que la población palestina ha sido discriminada durante mucho tiempo en prácticamente todas las áreas, tanto en virtud de órdenes de emergencia temporales como fuera de los límites de la ley.

Así, la congelación de las solicitudes de unificación familiar palestina −una medida “temporal” impuesta hace dos décadas− se convertirá ahora en una prohibición oficial que impedirá a las personas palestinas con ciudadanía israelí y a las que residen en Jerusalén Este vivir con sus cónyuges de Cisjordania o Gaza.

Estas formas de opresión, que son la realidad de facto desde hace mucho tiempo, sirven a Israel para consolidar su poder y poder colonizar la tierra palestina con la menor resistencia posible. La fragmentación geográfica y social de la población palestina y la ingeniería demográfica son medios primordiales con los que Israel ha ejercido su control colonial.

Al arrancarse la máscara de democracia liberal que ha llevado puesta hasta ahora, los grupos que promueven la agenda de Israel en el extranjero están haciendo sonar la alarma.

El objetivo del nuevo gobierno de reformar el poder judicial israelí y debilitar y limitar la autoridad de la Corte Suprema preocupa especialmente a los defensores de Israel en Norteamérica, Europa y otros lugares. Según Adalah, la reforma permitiría al Parlamento israelí promulgar leyes incluso si la Corte Suprema las considera inconstitucionales, y excluir de la revisión judicial “cualquier asunto”.

La Corte Suprema de Israel ya ha servido para avalar las violaciones israelíes de los derechos del pueblo palestino, como el desplazamiento forzoso masivo de población y la expulsión de ciudadanos palestinos del Estado, así como crímenes de guerra de castigo colectivo, como las demoliciones punitivas de viviendas y la retención de los cadáveres de palestinos asesinados para utilizarlos como moneda de cambio. Pero −al igual que la supresión de las falsas ‘autoinvestigaciones’ de Israel sobre los asesinatos de palestinos− el debilitamiento del más alto tribunal representa la eliminación de otra supuesta salvaguardia para la protección de los derechos fundamentales.

Silenciar las críticas

Adalah señala que uno de los acuerdos de la coalición estipula la aprobación de una ley “por la que se impone un impuesto sobre las donaciones de entidades gubernamentales extranjeras a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.”

La medida, destinada a matar de hambre y silenciar a los grupos de la sociedad civil críticos con Israel, amplía las medidas represivas ya impuestas a las organizaciones no gubernamentales a ambos lados de la Línea Verde, a medida que Israel acelera el ritmo de la colonización con toda la violencia que ello conlleva.

El gabinete de seguridad de Israel −un grupo selecto dentro del gobierno− ya ha declarado su intención de castigar a las organizaciones de Cisjordania que emprendan “acciones diplomático-judiciales” contra Israel. Como explica Noa Landau, columnista del diario Haaretz de Tel Aviv, esto equivale a “una declaración oficial de guerra contra todos los grupos de la sociedad civil palestina que luchan contra la ocupación israelí por medios pacíficos.”

El anterior ministro de Defensa, Benny Gantz, se esforzó mucho en utilizar las opresivas y amplias leyes antiterroristas de Israel, haciendo afirmaciones vagas y sin fundamento para justificar la declaración de “grupo terrorista” contra destacadas organizaciones palestinas en octubre de 2021. En agosto de 2022 estos colectivos fueron objeto de allanamientos y se ordenó su clausura.

La nueva decisión del gabinete de seguridad evita al Estado tener que pasar por todo ese esfuerzo para mantener un barniz de legalidad. “En lugar de molestarse en inventar tales conexiones indirectas, el gobierno israelí simplemente declara en negro sobre blanco que, en lo que a él respecta, toda acción diplomática y judicial (…) es fundamentalmente ‘hostil’ y está en el mismo rango que el terrorismo”, escribe Landau.

Grupos sionistas liberales como Peace Now y New Israel Fund y grupos israelíes contra la ocupación como Breaking the Silence también están en el punto de mira. Como Smotrich califica a los grupos de derechos humanos de “amenaza existencial para el Estado de Israel”, cualquier grupo que se interponga en el camino del gobierno teocrático puede ver criminalizada su labor.

Como señala Adalah, “los acuerdos de coalición incluyen principios y compromisos que suponen amplias violaciones del principio de separación de poderes y de las relaciones entre religión y Estado.” “Las políticas e iniciativas del gobierno violarán los derechos civiles en todos los ámbitos, incluyendo los de las mujeres y las personas LGBT+.”

Las personas inmigrantes y solicitantes de asilo también estarán entre los grupos más vulnerables, ya que el acuerdo de coalición firmado por el Likud y el Sionismo Religioso pide una legislación que permita el “encarcelamiento ilimitado de solicitantes de asilo y trabajadores extranjeros que no puedan ser deportados de Israel”, informa Haaretz.

Zvika Fogel, legislador del partido Poder Judío de Ben-Gvir, ha pedido incluso la detención de líderes de la oposición y de dos ex legisladores por “traición al Estado” por sus críticas y convocatorias a protestas masivas contra los planes del gobierno de recortar el Poder Judicial. Entre los líderes de la oposición que quiere detener se encuentra Yair Lapid, hasta hace poco Primer Ministro de Israel.

Está claro que al afirmar “la ocupación es permanente”, Fogel, Ben-Gvir y sus aliados de extrema derecha, incluido Bezalel Smotrich, son el Estado, y su palabra representa la ley. Como observa uno de los dirigentes J Street −el grupo de lobby pro Israel en EE.UU.−, a Fogel no le pesa el manto del civismo. Dado que “articula la venenosa verdad de los objetivos del partido” que Ben-Gvir desea enmascarar con el lenguaje de la moderación, merece la pena escuchar a Fogel.

Business as usual

A pesar de todo esto, los aliados de Israel se contentan con seguir adelante, como de costumbre, insistiendo en una solución de dos Estados que hace tiempo mataron los anteriores gobiernos israelíes.

La Unión Europea ya ha declarado su intención de mejorar la cooperación con el gobierno de extrema derecha de Tel Aviv. El embajador de EE.UU. en Israel ha declarado en los últimos días a la radiotelevisión estatal de este país que no existen líneas rojas, ni siquiera amarillas, cuando se trata de Israel; tan solo, al parecer, severas miradas de desaprobación.

Mientras tanto, Israel está arrasando los restos de los Acuerdos de Oslo, imponiendo sanciones devastadoras a la Autoridad Palestina en castigo por haber impulsado en la ONU la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la situación jurídica de la prolongada ocupación israelí.

Con un largo historial de normalización de violaciones cada vez peores de los derechos palestinos, no es de extrañar que el nuevo gobierno israelí parezca tener la seguridad de que su intención declarada de anexionarse más tierras de Cisjordania −en flagrante contravención del derecho internacional− es un hecho consumado.

Fogel, ex jefe del Estado Mayor del “comando sur” del ejército israelí, que abarca la Franja de Gaza, ha llamado a una “guerra final” para “someter a los palestinos de una vez para siempre.”

Si los críticos de Israel como Adalah son silenciados, nadie podrá decir que no hubo sobradas advertencias sobre la horrible violencia que −está garantizado− va a desatarse.

 * Maureen Clare Murphy es editora principal de The Electronic Intifada.

Publicado en The Electronic Intifada el 14/1/2023. Traducción: María Landi.

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