Ya van dos jueves santos en que la Delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido una manifestación laicista de denuncia de los privilegios de la Iglesia Católica, alegando que dicha manifestacción supondría un “elemento de coacción o intimidación a la exterización de la fe católica por parte de sus fieles”.

Este jueves santo de 2013, estaba previsto que la manifestación recorrería calles del Madrid antiguo por las que no habrá ninguna procesión religiosa. Los organizadores, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, tuvieron buen cuidado de elegir horarios y rutas por las que no sería posible ningún roce con procesiones o expresiones de fe religiosa,

“Queremos hacer patentes los privilegios de las iglesias en un día en que la Iglesia católica invade nuestras calles…Denunciamos la ingente cantidad de dinero que el Estado entrega al año a las iglesias, 11.000 millones, cantidad que sería suficiente para proporcionar a nuestros jóvenes la mejor enseñanza del mundo”.

Frente a todos estos razonamientos, la Delegación del Gobierno madrileño ha mantenido rotundamente que esta manifestación, en un día tan señalado para los católicos como el Jueves Santo, supondría “una real y no solamente potencial vulneración del orden público”, y ha dado a entender que la elección de esta fecha emblemática para los católicos conlleva en el fondo un “tufillo” de provocación a los creyentes.

La tradición juega decididamente a favor de la Iglesia en este como en otros muchos casos. En vano, al parecer, la Constitución de que nos dotamos en este país tras la Transición democrática proclamó el principio de la libertad religiosa, la separación de la iglesia y el estado, y demás principios que marcaban un borrón y cuenta nueva frente al nacionalcatolicismo implantado con la guerra civil de 1936 y el régimen franquista.

Frente a aquello de aquel político Manuel Fraga, que en gloria esté, que gritaba que “la calle es mía”, los demócratas de la transición proclamaron que “la calle es de todos”, y conquistaron la calle con palabras y con hechos y con pancartas al viento. Pero los mismos que se llenan la boca con elogios a la Constitución, no se cortan a la hora de “recortar” los derechos que dicha Constitución consagra.

Estamos donde estábamos, según la Delegación del Gobierno de Madrid. la calle es más de la iglesia católica que de los no católicos, por lo menos en Semana Santa, y en otros momentos del año, habría que ver…Así lo ha decidido la misma Delegación de Gobierno de Madrid que ha calificado de “filoetarras” y “proetarras” a los que reclaman una ley que proteja contra los desahucios a tono con las leyes de la Unión Europea. Calificación y denuncia que ha sido corroborada por el máximo mandatario del PP dentro de la Comunidad Autónoma vasca.

En este caso de los desahucios, la Delegación del Gobierno de Madrid saca la cara por los bancos que desahucian; en el caso que nos ocupa de este Jueves Santo, santo, santo…, la misma Delegación del Gobierno de Madrid pretende perpetuar hasta la eternidad el monopolio de la calle para la Iglesia católica con perjuicio de los no creyentes.

Lo cual que, bien pensado, lejos de favorecer a los creyentes y a la iglesia, uno cree que les perjudica. Porque una fe, unas creencias que se imponen pisoteando los derechos de los demás, ¿qué contenido religioso pueden tener?

¿En qué queda el derecho a una vivienda digna que nos garantiza la Constitución? ¿En qué queda la libertad religiosa y el derecho a manifestarse que nos garantiza esa misma Constitución?

Quizá deberíamos escribir una carta al Papa Francisco: “!Socorro, Papa Francisco! !Queremos ser católicos, pero no tanto, por favor!”