Los hechos recientes: la prohibición al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (1980) y a otros notables de la política de visitar al expresidente Lula, un prisionero político y amigo de todos los que querían verlo, es la prueba más cabal de que vivimos bajo un régimen de excepción jurídico-mediático. Las togas mandan. La jueza Catarina Lebbos, brazo derecho del juez Sérgio Moro, revela rasgos de crueldad y de inhumanidad al prohibir a un médico examinar el estado de salud del expresidente. No estoy seguro pero           desconfío de que tal acto sea incluso  criminoso, merecedor de castigo.

          Lo más grave de nuestra crisis es la estrategia de los muy ricos (0.05% de la población), asociados como siempre a consorcios económico-financieros, hasta extranjeros, inclusive con nuestros medios de comunicación monopolistas conservadores, de quebrar el pacto social construido bajo la hegemonía de las fuerzas democráticas y progresistas, contenido en la Constitución de 1988.

          Gracias al consenso que ella propició entre los distintos grupos, hasta antagónicos, permitió que se gestaran las bases para la creación de un Estado Social brasileiro. Era un primer paso para atacar nuestra mayor llaga que es la perversa desigualdad social y conseguir así la inclusión de millones de brasileros y brasileras en la ciudadanía.

          La dirección estuvo a cargo de alguien al que las élites del atraso jamás aceptaron pero tuvieron que inclinarse ante el veredicto de las urnas, un obrero, venido de la pobreza nordestina: Luis Inácio Lula da Silva. Por sus políticas sociales había hecho que los del piso de abajo pudieran subir un escalón en la escalera social.

          Cuando se dieron cuenta de que podría surgir una nueva hegemonía de carácter progresista y popular, estas clases, como siempre antes en la historia, según nuestros mejores historiadores como José Honório Rodrigues, tramaron un golpe de clase. Se trataba de asegurar la naturaleza de su acumulación y de su control del aparato estatal, de donde saquean su propina millonaria.

          Cambian los tiempos, cambian también las estrategias. No debía ser mediante un golpe militar, sino parlamentario. Marcelo Odebrecht, presidente de una de las mayores empresas brasileñas, en su delación premiada confesó que había dado diez millones de reales para comprar a 140 diputados que garantizasen el impeachment de Dilma Rousseff y la toma del poder del Estado.

          Un congreso, de los más mediocres de nuestra historia republicana, con ladrones unos, acusados de corrupción otros o denunciados por crímenes, incluso por asesinato, se dejó venalmente comprar. Dieron un golpe parlamentario, jurídico y mediático, deponiendo mediante un impeachment cuestionable a la presidenta legítimamente elegida, Dilma Rousseff. El objetivo no era fundamentalmente ella, sino alcanzar al expresidente Lula y al partido del PT.

          La lucha contra la corrupción, enfermedad endémica de la política brasileña, no por ello excusable, sirvió de pretexto para atacar, procesar y literalmente perseguir a Lula, mediante el expediente del lawfare (interpretar torpemente la ley para perjudicar al acusado). Tanto hicieron que lograron meterlo en la cárcel, mediante un proceso, según los más renombrados juristas nacionales y extranjeros, viciado y vacío de pruebas materiales consistentes.

          ¿Cuál es el sentido mayor de este golpe? Mantener la naturaleza de la acumulación de un grupo de rapiña que controla gran parte de nuestra riqueza y traspasarla a sus bolsillos. Pero la consecuencia más desastrosa, analizada finamente por el científico social Luiz Gonzaga de Souza Lima en una conferencia dada el 22 de noviembre de 2017 en Fiocruz de Río de Janeiro, está contenida en la Enmienda Constitucional (PEC 55). Mediante ella se trata no sólo de establecer un techo en los gastos. Ella atenaza al país. «La PEC», dice Souza Lima, «es la prohibición de construir un Estado Social en nuestro país. Se veta constitucionalmente construir el Estado Social, es más que una congelación de gastos».

          Las clases del atraso optaron por el pasado, aceptando la recolonización de Brasil, alineándolo a los intereses del imperio del Capital hegemonizado por los USA. No mediante una elección sino por medio de un golpe disolvieron el pacto construido en la Constitución de 1988. Souza Lima dice más: «estamos ante un golpe contra el Gobierno que el pueblo brasileño eligió. Estamos ante una inflexión histórica de una importancia inmensa: prohibir constitucionalmente hacer inversiones sociales, especialmente en la educación y en la sanidad».

          Esto es un caso único en el mundo de hoy. ¿Cómo puede un pueblo enfermo e ignorante avanzar hacia un desarrollo, adecuado a una población de más de cien millones de personas?

          Estas elites, egoístas al máximo, nunca tuvieron un proyecto para Brasil. Sólo para sí y en función de una acumulación absurda. Actualmente se asientan sobre una derecha fascista, autoritaria, violenta, racista y despreciadora del pueblo, considerado vulgar y despreciable. Para nuestra vergüenza, apoyadas en parte por el cuerpo jurídico y por la mano dura de la policía militar, capaz de reprimir y matar, especialmente a negros y pobres.

          La lucha es para recuperar la democracia mínima y sobre todo para hacer valer la Constitución de 1988, rota por los golpistas, pero que abría espacio para la convivencia pacífica y para el desarrollo humano.

^*Leonardo Boff es teólogo, filósofo y autor de Brasil: concluir a refundação ou prolongar a dependência, Vozes 2018.

 
Traducción de Mª José Gavito Milano