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Muertes y desapariciones en México

el paísLa ausencia de más información y análisis sobre los graves acontecimientos ocurridos en Iguala y el estado de Guerrero de México me preocupa.

Me gustaría que Rodriga Olvera diera información y opinara.

Lo del Sínodo puede esperar…

Entretanto, ofrecemos un reportaje aparecido hoy en El PAÍS y un análisis de REBELIÓN.

La violencia pone en duda el nuevo México

La desaparición de 43 estudiantes desata una crisis política y social

La tragedia frustra el afán de Peña Nieto de acabar con la inseguridad que devoró a su antecesor

El detonante ha sido la vorágine de violencia vivida en Iguala de la Independencia. En esta pequeña localidad meridional, de aire provinciano y calles bien trazadas, el narco dio una salvaje demostración de poder. El blanco fueron unos estudiantes de magisterio (normalistas) que se habían atrevido a alzar la voz contra el alcalde y su esposa, dos tenebrosos personajes vinculados a Guerreros Unidos. En una bestial persecución, la policía y los sicarios asesinaron a tiros a dos normalistas, otro fue desollado vivo, y tres personas más cayeron al ser confundidas con alumnos. A la matanza siguió el secuestro y desaparición de 43 estudiantes. Su paradero, 22 días después, es un misterio oscuro, un abismo por el que se pueden precipitar muchas esperanzas. O dicho en palabras de Peña Nieto, “una prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”.

La incapacidad para encontrar a los estudiantes ha desatado la ira de amplios sectores sociales

El examen es mayúsculo. En la telaraña de Iguala se entrecruzan todos los males que México pretendía conjurar: la violencia, la impunidad, la corrupción, la infiltración del narco en la política… Bajo esta presión, el mandatario, en cuya cintura política confía el PRI (Partido Revolucionario Institucional), se ha sacudido el polvo y tomado la bandera de las víctimas. Lejos del inmovilismo de los primeros días, ha lanzado múltiples mensajes a la población y dado órdenes contundentes para resolver el caso. Pero el resultado aún no ha llegado. La imagen sigue congelada. Y las detonaciones se oyen cada vez más cerca. “Tuvieron un error grave al derivar en los primeros días el caso al Estado de Guerrero, como si fuera un problema local. Ahora están acusando el golpe, se ha perdido la confianza y ha quedado en cuestión su capacidad de manejo de la crisis”, afirma el analista y antiguo portavoz del Partido de Acción Nacional (PAN) Rubén Aguilar Valenzuela.

“La tragedia de Iguala no ha afectado directamente a Peña Nieto, no sabemos cómo evolucionará el caso, pero él ha actuado bien al situarse junto a los padres y estudiantes. La que ha quedado tocada es la clase política, ningún partido se ha salvado”, explica el experto demoscópico Roy Campos.


A esta bancarrota política ha contribuido activamente
el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, un camaleón que durante 30 años fue un patricio del PRI, pero que en 2011 se pasó con su red clientelar al PRD. En su mandato, la descomposición del Estado se ha acelerado. Los asesinatos han alcanzado la mayor tasa de México y el PIB per cápita ha encallado en cifras pánicas: 1.500 dólares al año, a la cola del país y casi 20 veces menos que en España. Pese a ello, Aguirre, el político más odiado por los normalistas, se niega a dimitir.El descrédito político es amplio. El peor librado es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la fuerza hegemónica de la izquierda, a la que se afiliaron poco antes de las elecciones el tenebroso alcalde de Iguala y su esposa. “Es un salto cualitativo del narco. Hasta la fecha había fenómenos de complicidad de las autoridades, ahora hemos pasado a que el regidor es el responsable criminal. Y además lo legitima un partido. Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, señala el escritor e intelectual Héctor Aguilar Camín.

Con estos elementos, la situación se ha vuelto extremadamente inestable en Guerrero. Hay miseria, violencia y abandono. El poder lo ejerce a plena luz el narco, sumido además en una cruenta batalla interna. La sangre mana por doquier. Todo está listo para un estallido. La movilización de los normalistas y de la miríada de grupos radicales que les secundan avanza en esa dirección.

“Nadie sabe si va a haber rebelión en el sur. Hemos entrado en un ciclo de incertidumbre. El Gobierno no controla los acontecimientos, la única iniciativa la llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos. Hay una debilidad estructural por pobreza, corrupción, falta de Estado… Iguala es una radiografía de las carencias del sueño mexicano”, señala el profesor del Colegio de México Sergio Aguayo.

Este colapso del Estado en determinadas áreas es clave para entender la actual convulsión. A diferencia de los Estados de Tamaulipas y Michoacán, donde Peña Nieto ha intervenido masivamente para restablecer el orden, la presencia federal en Guerrero ha sido mínima. Para muchos, esta cicatería ha permitido al narco campar a sus anchas. El resultado: la agudización del problema de la seguridad, la asignatura que acabó fagocitando al anterior presidente, Felipe Calderón (PAN).

El poder lo ejerce a plena luz el narco, sumido además en una cruenta batalla interna

Para evitar tropezar en la misma piedra, Peña Nieto había impuesto a su Administración una narrativa de bajo perfil en temas de narco, liberando información sólo en casos de alto rendimiento político, como la captura del narcotraficante El Chapo. Esta estrategia, que ha permitido hacer brillar con luz propia otros asuntos de la agenda, como las reformas estructurales, ahora se enfrenta a su reverso: un caso cuya bestialidad desborda los amortiguadores clásicos y para el que, según los expertos, el Gobierno no ha generado una explicación oficial coherente.

“Estamos frente a un momento histórico; el Estado va a tener que redefinirse frente al crimen y las protestas sociales”, augura Aguilar Camín. En este parteaguas, los expertos coinciden en que será determinante el desenlace de las desapariciones. Un final trágico supondría un golpe terrible para un país que empezaba a otear el horizonte con optimismo. El futuro tendría que levantarse sobre 43 tumbas.

REBELION

De la impunidad y la complicidad estatal a las demandas y exigencia de justicia




La masacre y las desapariciones: violencia y contubernio

El saldo de los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala no sólo es alarmante por el gran número de víctimas y agredidos (seis asesinados, una persona con muerte cerebral, casi una veintena de heridos y cuarenta y tres jóvenes desaparecidos); también lo es por la saña de los actos cometidos y por los individuos, instituciones y grupos que perpetraron estas vejaciones. En estos crímenes tomaron parte el alcalde de Iguala y su esposa (emparentada con un cartel del narcotráfico) como presuntos autores intelectuales, y policías municipales y miembros del grupo delictivo guerreros unidos como autores materiales (en tanto agresores, secuestradores y asesinos). Las muertes y desapariciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enmarcan en el contexto más amplio y previo de dos series de actos violentos en la región que, ya en 2013, habían cobrado la vida del síndico Justino Carbajal y tres líderes de la Unidad Popular en Iguala, ambos asesinatos también atribuidos directamente al alcalde de Iguala. La violencia hacia y sobre los normalistas de Ayotzinapa se dio sobre el vasto y complejo entramado de las diversas relaciones entre funcionarios y gobernantes de nivel local, policías municipales (coludidos con grupos delictivos) y los grupos del crimen organizado. El telón de fondo más amplio tiene que ver con la violencia política que durante décadas ha sido instrumentada por ciertos sectores (el Estado, caciques, élites económicas y políticas, grupos del crimen) para intimidar y eliminar diversos grupos sociales en Guerrero: maestros, campesinos, normalistas, entre otros.

Males crónicos y violencia política: grupos delictivos y un Estado impune y cómplice

Conforme a la información recaba y difundida por ciertos medios de comunicación, los hechos violentos del 26 de septiembre son crímenes de Estadotanto por el involucramiento de los policías municipales como por ser el alcalde de Iguala y su esposa los autores intelectuales de los acontecimientos; en este tenor hay una línea de continuidad entre las agresiones a los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de por lo menos cuatros personas en la región en 2013, donde también fue designado como responsable y autor intelectual de los hechos el alcalde de Iguala. Considerando un contexto histórico más extenso y en una configuración distinta del nivel del Estado involucrado, los antecedentes de las agresiones a los normalistas nos remiten a nivel nacional a la violencia estatal del 68 y a la guerra sucia de la década de 1970 dirigida a los grupos sociales inconformes por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); particularmente en Guerrero esto se manifestó en las acciones policías y militares para reprimir a las organizaciones de Lucio Cabañanas y Género Vázquez, y, posteriormente, ya a fines del siglo XX lo política represiva oficial hacia los campesinos volvió a tener sus manifestaciones de violencia extrema con las masacres de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1998).

Particularmente las desapariciones (la privación de la libertad y la vida) han sido y son una estrategia de agresión y eliminación a la que han recurrido sistemáticamente (con mayor o menor frecuencia) el Estado y ciertos grupos del crimen organizado desde hace décadas. En Ayotzinapa se ha comprobado mediante diversos testimonios y declaraciones que el secuestro y posterior desaparición de los jóvenes normalistas fueron llevadas a cabo por policías y miembros de grupos delictivos, en una clara muestra de la complicidad entre las fuerzas de seguridad municipales y el crimen organizado. Estas desapariciones se enmarcan en dos niveles cuyo marco histórico es mucho más vasto: (1) Por un lado, los antecedentes remotos son la guerra sucia y el terrorismo de estado a nivel federal y estatal durante la década de 1970, donde el gobierno federal y el de Guerrero recurrieron como estrategia de represión y disuasión a las desapariciones selectivas y con un carácter de violencia política. (2) Por otra parte, recientemente, con la política de la guerra contra el narcotráfico que inició Calderón a fin de legitimarse, las desapariciones (no pocas veces masivas) resurgieron como una forma de violencia generalizada y de represión por parte del crimen organizado y de las policías coludidas con grupos de delincuentes; en este tenor, cifras conservadoras difundidas por algunos medios de comunicación mencionaban en más de 26 mil el número de personas desaparecidas entre 2006 y 2012.

Así mismo no se puede omitir ni dejar de apuntar que en la historia política nacional y regional (a nivel del estado de Guerrero) tampoco es nuevo el contubernio y la colaboración entre las autoridades, las corporaciones policíacas y los grupos del crimen organizado. Particularmente para el caso de Ayotzinapa la información y evidencia recabada y publicada ha mostrado los nexos y alianzas entre los poderes locales fácticos oficiales y no oficiales, los vínculos entre el Estado (principalmente en su escala municipal aunque no sólo) y el crimen organizado, en este caso concreto en la complicidad y las estrechas relaciones de colaboración entre el alcalde de Iguala y los guerreros unidos.

Negligencia e impunidad

Las respuestas y acciones del estado de Guerrero y del gobierno federal frente a la masacre y desapariciones han sido leídas como insuficientes y negligentes por parte de los compañeros y familiares de los normalistas asesinados y desaparecidos, esta percepción es ampliamente compartida por diversos grupos y organizaciones sociales y políticas del país, así como por una porción considerable de la sociedad civil mexicana. A nivel estatal, el gobierno de Guerrero actuó de manera lenta y errática, las investigaciones no han dado resultados claros ni contundentes. Por su parte, las autoridades federales, dado que los hechos acontecieron en Iguala y en un afán por descargar toda la responsabilidad en el gobierno de Guerrero, se negaron en un primer momento a intervenir de manera directa; posteriormente, debido a la presión social y mediática nacional e internacional, se sumaron a las indagaciones de los hechos, pero sin mostrar una voluntad política clara para el esclarecimiento de estas agresiones.

Pese a la captura de varios policías municipales y de algunos miembros del grupo delictivo guerreros unidos que tomaron parte activa en los hechos violentos, las autoridades estatales y federales todavía no han dado información sobre el paradero de los normalistas secuestrados y desaparecidos; tampoco se sabe del destino de los autores intelectuales de estos acontecimientos violentos. Mediante datos obtenidos por diversas declaraciones se encontraron varias fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a casi tres decenas de personas, sin embargo, pese a las apresuradas aseveraciones del gobierno de Guerrero de que se trataba de algunos de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR desmintió esta información y afirmó que los restos no pertenecían a los desaparecidos. Este suceso sólo es una manifestación exacerbada de la falta de coordinación y de la ausencia de voluntad política de cooperación entre los dos órdenes de gobierno para la resolución del caso. Así mismo, las autoridades del estado de Guerrero y del gobierno federal, en un ejercicio de desdén y falta de respeto, no han dado información pertinente y veraz a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, tampoco les han notificado con claridad del curso y avance de las investigaciones.

Los reclamos de justicia y las movilizaciones de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa

Frente a la indiferencia y la indolencia oficiales, las familias y compañeros de los normalistas se han movilizado y organizado una vasta serie de acciones dentro y fuera de Guerreo para manifestar su legitimo deseo de justicia y su voluntad de encontrar con vida a los desaparecidos. A nivel nacional ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad y apoyo, expresión de esto fueron las protestas masivas en 25 estados del país el pasado 8 de octubre, en las cuales hubo marchas multitudinarias en las principales ciudades del país, así como en Chiapas y en Guerrero; a lo largo del país decenas de miles de personas de diversas organizaciones sociales y políticas y de la sociedad civil reclamaron ese día el esclarecimiento de los hechos, la presentación con vida de los detenidos y el castigo a los responsables. Así mismo ha habido pronunciamientos y acciones de protesta por parte de diversos sectores: organizaciones y centros de derechos humanos, religiosos (el padre Solalinde, el obispo Raúl Vera), organizaciones y movimientos sociales y políticos (FPDT-Atenco, Frente Francisco Villa, SME, EZLN, ERPI, EPR, entre muchos otros), maestros y normalistas, miles de estudiantes de varias universidades (UNAM, IPN, UAM, UACM, UPN y varias universidades privadas). También el repudio internacional en relación a las muertes y desapariciones de Ayotzinapa ha sido creciente y constante. Fuera de México estos acontecimientos han sido leídos como expresiones de la ausencia de derechos humanos, así como manifestaciones alarmantes y crónicas de la inseguridad e impunidad que campea en muchos estados del país. Tampoco han faltado voces y organizaciones en EU, Europa y otros países que, considerando las evidencias de la autoría e involucramiento de autoridades y fuerzas de seguridad municipales de Iguala, han catalogado lo sucedido como “crímenes de Estado”. Por su parte, la ONU y la CIDH-OEA manifestaron su preocupación y sorpresa al respecto, haciendo un llamado a intensificar la búsqueda de los desaparecidos, así como a realizar una indagación imparcial y veraz para aclarar lo acontecido. A veinte días de las desapariciones y muertes del 26 de septiembre, todavía no se sabe ni dónde están ni si se encuentran con vida los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa. También quedan pendientes el castigo de los responsables intelectuales y una indagación seria e imparcial de los hechos. Dentro y fuera de México, pero especialmente en Guerrero, resuena el clamor de justicia y de presentación con vida de los desaparecidos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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